Transporte público en España es despilfarro y cachondeo

España necesita cambiar radicalmente su modelo de transporte tras años de inversiones desmesuradas y con importantes carencias de planificación y evaluación. Es la conclusión que Greenpeace ha extraído del Estudio de Infraestructuras de Transporte elaborado por la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) que se ha publicado hoy y en el que se analiza la eficiencia de las inversiones en este sector. Un documento que cuantifica en 340.000 millones de euros la inversión en infraestructuras desde 1985, la mayoría dedicados al transporte por carretera (55 %).

En dicho informe se analiza la gobernanza y los procesos de toma de decisiones y se señala la ausencia de conexión entre las obras planificadas y el presupuesto dedicado a las mismas. Los planes de infraestructuras se reducen así a un listado de obras “inverosímil por su dimensión y por los inviables plazos previstos para finalizarlas”, según la AIReF. Esta situación implica que las nuevas obras se hayan priorizado en función de las presiones e intereses de cada comunidad autónoma, basadas en un supuesto “agravio comparativo” entre ellas, y abocando a la sobredotación de infraestructuras por todo el territorio.

Las conclusiones de AIReF confirman las denuncias que desde Greenpeace alertaban de una excesiva construcción de infraestructuras sin más criterio que extender vías de alta capacidad en toda España, sin considerar la demanda real y el beneficio social de las mismas. De esta forma, las inversiones se han dedicado a prometer “la triple A” (Autopistas, Aeropuertos y Ave) “infravalorando notablemente los costes de las inversiones y sobreestimando la demanda de viajes”, tal y como recoge el informe. Greenpeace ha colaborado en el proceso de consulta de este informe aportando su experiencia en la evaluación de los diferentes planes estatales de infraestructuras (PEIT, PIT, PITVI…) y especialmente desde la visión del impacto del transporte en el clima y la biodiversidad.

Para corregir esta situación, desde AIReF consideran imprescindible mejorar la transparencia en los procesos de toma de decisiones, garantizando la participación pública en la fase de planificación. Una demanda que Greenpeace ha reivindicado en varias ocasiones. “Para los colectivos sociales, como las ONG ambientales, no es fácil acceder a los criterios de planificación de infraestructuras”, ha afirmado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

Cuando recibimos peticiones desde los territorios para protestar por el impacto de una nueva autopista, por ejemplo, solo hay tiempo para proponer medidas correctoras. Pero no existe forma de cuestionar si de verdad esa autopista tiene demanda o es innecesaria. Esas decisiones se basan en compromisos políticos, sin atender a criterios técnicos que justifiquen que se haya elegido la solución adecuada” ha sentenciado Fernández.

Fuente: GreenPeace

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