Organizaciones ecologistas dicen no a la renovación de autorización de la mina de uranio de Retortillo

Ya queda poco para que finalice el plazo de autorización previa como instalación radiactiva nuclear para la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca).

Organizaciones ecologistas del país piden al gobierno para la Transición Ecológica, que no renueve la autorización ya que comporta graves riesgos e impactos ambientales, sociales y sobre la salud.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al igual que otros colectivos sociales como Stop Uranio y diferentes partidos políticos, han mostrado durante años su oposición y han alertado en numerosas ocasiones de que este proyecto ha estado envuelto en gravísimas irregularidades, gran polémica y una fuerte oposición social desde un primer momento.

A pesar de no haber conseguido todos los permisos necesarios, la empresa ya ha realizado grandes movimientos de tierras y arrancado más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias.Las organizaciones ecologistas denuncian que las amenazas no acaban con la explotación de la mina, el concentrado de uranio y el almacenamiento de residuos radioactivos, sino que perdurarán a largo plazo cuando las minas queden abandonadas una vez que acabe su explotación.

La degradación ambiental irreversible de un paisaje que quedará degradado para siempre, la contaminación y el riesgo radiactivo permanecerán de manera persistente en la zona y deberá ser la administración pública, dejando un legado peligroso y contaminado para las generaciones futuras.

Las organizaciones también denuncian los graves impactos ambientales de este proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre los hábitats y especies de interés comunitario presentes. En concreto, aportan evidencias sobre la posible extinción de la especie de pez endémica sarda salmantina. Tanto es así, que la Comisión Europea está estudiando la apertura de un expediente de infracción contra 

Como han denunciado en reiteradas ocasiones, los impactos transfronterizos han sido obviados en el proceso de evaluación del impacto ambiental realizado por la Junta de Castilla y León. De ahí que el Gobierno portugués haya solicitado al Gobierno español más información para iniciar un proceso de consultas.

Para las organizaciones ecologistas, la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica tiene la ocasión de frenar de una vez este peligroso proyecto que nunca debió pasar las primeras fases de su tramitación y que hipotecaría el futuro de esta zona de incalculable valor ecológico, dejando a la larga un legado contaminado que deberá pagar y afrontar toda la sociedad.

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